Mes: diciembre 2009

Al abordar la idea de personalidad frente a territorialidad nos encontramos como se suceden los lamentos por la larga enfermedad crónica del reino de la Igualdad y el crecimiento progresivo del de la fraternidad.

Y es que el principio de personalidad, intuitivamente, agrede a la base de ética pública que sostiene el precario edificio político de Occidente & Co., los derechos humanos; esto es, la idea de universalismo igualitario (formal y material) que lega el cristianismo al proyecto ilustrado.

Pero a poco que profundicemos nos damos cuenta de que la intuición se equivoca. El principal problema de la modernidad es que asume implícitamente que existen determinados fines (que algunos llaman racionales) que son no sólo moral y políticamente buenos, sino que además son los únicos permisibles; a nivel teórico, este conjunto de fines permitirían, al iluminar las mentes de cada ser humano, erradicar el conflicto de la vida pública.

Esta idea «moderna» fue roturada, no por la «posmodernidad» (mero onanismo intelectualoide) sino por lo que en el futuro recordaremos como «explosión social de la diversidad» (es decir, TICs + aumento de la población urbana). Por eso, si convenimos que no todos los fines permisibles tienden a una Arcadia feliz y utópica, sino que muchos de ellos nos avocan al conflicto, pronto veremos claro que la única forma de ser iguales es siendo diferentes.

Esto es en esencia el «principio de personalidad» en el siglo XXI, no un execrable revival aristocrático, sino más bien un reconocimiento de la autonomía del individuo para gobernar su vida. De hecho, puede ser la única frma de que gobernemos nuestra vida y de que no nos la gobiernen otros.

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, muchos periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

– Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
– La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
– La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
– La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
– Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
– Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
– Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
– Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
– Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
– En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.